BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 17

COLEGIATURAS

Para definir el trato fiscal aplicable a los pagos por estos servicios es necesario precisar qué es lo que abarcan los estudios de nivel preescolar.

La Ley General de Educación (LGE), en su Artículo 65 establece que “La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar”.

Como parte de la reforma educativa aprobada desde 2004, la educación preescolar se proporciona a niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad y consta de tres grados o niveles. Estimula el desarrollo intelectual, emocional y motriz del niño y de la niña, lo cual favorece un mejor aprovechamiento de la educación primaria.

Desde el ciclo escolar 2004-2005 el tercer año de este nivel educativo es obligatorio. A partir del ciclo escolar 2005-2006 el segundo año también se hizo obligatorio. A partir del ciclo escolar 2008-2009 el primer año es obligatorio.

De lo anterior resulta claro que el nivel preescolar abarca únicamente los grados 1°, 2° y 3°, comúnmente denominado Jardín de Niños por su derivación del alemán Kindergarten (Kinder= (del) niño; Garten=jardín).

Los niveles previos a estos grados, que puedan impartir los distintos centros educativos, pueden ubicarse en los programas denominados Educación Inicial.

De acuerdo con la LGE, en su Artículo 40, “la educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos”.

De lo anterior se desprende que la educación a niños de hasta cuatro años, que no sea de los niveles preescolar, se considera educación inicial.

En este orden de ideas, las cuotas de nivel preescolar que las personas físicas tienen derecho a deducir son aquellas que corresponden a los niveles de 1°, 2° y 3° de kínder, o sus equivalentes en escuelas que les denominan de forma distinta. Cuotas por grados inferiores que no se consideran como preescolar, no se ubicarían en el supuesto de deducibilidad.

En caso de que el padre de familia tenga duda en cuanto al tipo de grado que su hijo cursa, es conveniente confirmar con el plantel educativo sobre el grado que en términos oficiales está cursando.

INFONAVIT

Tú tienes la opción de blindar tu información personal para evitar que terceros malintencionados hagan mal uso de esta, especialmente cuando de por medio están datos que pueden poner en riesgo tus recursos personales; por ejemplo, hay personas conocidas como “coyotes”, que se ofrecen a hacer trámites por ti, pero en realidad, pueden estafarte.

En un comunicado fechado al 18 de abril del 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) señaló que confiar información como el ahorro que se tiene en la Subcuenta de Vivienda podría poner en riesgo el recurso, sin contar que se podría ser víctima de fraude.

Por ejemplo, si quieres sacar un crédito con el Infonavit o saber cuánto ahorro tienes en tu Subcuenta de Vivienda, hay personas que a través de redes sociales o fuera de las oficinas del Instituto te prometen que pueden hacerlo por ti para ahorrarte tiempo a cambio de dinero y tus datos personales y documentos.

Toma en cuenta que todos los trámites son gratuitos, por lo que podrías poner en peligro tu dinero e información y hasta ser víctima de fraude; si bien, estos “coyotes” que se hacen pasar por gestores del Instituto aseguran que su práctica es real, puedes identificarlos a través de algunas de las siguientes frases que comúnmente dicen:

1. Yo te ayudo a abrir tu Cuenta Infonavit, solo cobraré una pequeña comisión
2. Claro que puedes utilizar tu Subcuenta de Vivienda para comprar un auto, te hago el trámite
3. Si no usas tu dinero de la Subcuenta de Vivienda del Infonavitlo perderás, yo te ayudo a sacarlo en efectivo a cambio de un porcentaje
4. Si no tienes trabajo, dame dinero y yo te ayudo a sacar el Seguro de Desempleo del Infonavit
5. Si ya te pensionaste tienes que demandar al Infonavitpara que te devuelva tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda, yo te ayudo a cambio de una comisión
6. Te ayudo a sacar tu crédito, solo con unos datos

El Instituto resaltó que esto es un engaño, y que estas frases pueden ayudar a saberlo, además recordó que todos los trámites son personales y gratuitos y en muchos casos ni siquiera hay que salir de casa, solo se requiere hacer un registro en Mi Cuenta Infonavit de forma gratuita con tu Número de Seguridad Social (NSS), CURP, RFC, correo electrónico y número celular.

Además, sin importar si se deja de trabajar por un tiempo, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda no se pierde, ya que sigue generando rendimientos, aunque este no se puede retirar en efectivo, ya que solo puede usarse en un crédito para comprar casa o terreno, construir vivienda, hacer mejoras al hogar o pagar una deuda hipotecaria bancaria.

Ahora bien, si se ejerce un crédito o se termina de pagar y sigues recibiendo aportaciones, cuando se tenga el dictamen de pensión se puede pedir al Infonavit la devolución del dinero ahorrado en la Subcuenta de Vivienda sin demandar al Instituto o iniciar un juicio, ya que el trámite es rápido y gratuito.

PTU. TOPE

¿Hay un monto máximo fijado por la ley respecto al reparto de las utilidades en las empresas? Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no señala un monto máximo o porcentaje que debe repartirse a los trabajadores por concepto de PTU, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobre este tema.

 Aunque el numeral IX del artículo 123 constitucional señala como derecho de los trabajadores una participación en las utilidades de las empresas, este también establece en su inciso a) resalta que el porcentaje deberá ser fijado por una Comisión Nacional integrada por representantes de trabajadores, de patrones y Gobierno según las condiciones generales de la economía nacional.

Asimismo, el inciso c) y e) se expone que dicha Comisión puede revisar el porcentaje, y por su parte, las empresas deben aplicar ese porcentaje a la base de renta gravable calculada de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para determinar el monto de la PTU a repartir; asimismo, el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) menciona que el reparto deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes al pago del impuesto anual.

No obstante, el 23 de abril de 2021 se adicionó la fracción VIII al artículo 127 de la LFT que estableció que el monto de la participación de utilidades tendría como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o bien, el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, según convenga al trabajador.

Por lo anterior, en 2023 tras un juicio de amparo indirecto 763/2022 en Querétaro, se interpuso un recurso de amparo en revisión 633/2023 ante la SCJN luego de que una persona señalara que la fracción VIII del artículo 127 de la LFT “es violatorio de lo previsto en los artículos 14, 16 y 123” constitucionales, ya que lo que marca la Ley “no tiene sustento en el artículo 123 de la Norma Suprema”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) define a la PTU como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa, se trata de un derecho constitucional que tienen los empleados de una compañía y una obligación patronal para repartir las ganancias que se obtienen por la actividad productiva o servicios que ofrece una compañía según su declaración fiscal.

Pese a los reclamos de la persona quejosa en el amparo en revisión 633/2023, en sesión del 3 de abril de 2024 y por unanimidad de 5 votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí es constitucional el límite máximo de tres meses establecido para el pago del reparto de utilidades en la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior porque la Corte destacó que en materia laboral, el Congreso de la Unión cuenta con las facultades suficientes para legislar en temas relacionados al trabajo, así como las disposiciones para “emitir disposiciones concernientes al reparto de utilidades”, pero recordó, el límite marcado “no es absoluto”.

Si bien, la LFT dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de las participaciones recibidas en los últimos tres años, “según le resulte más favorable a éste”, también se “admite la posibilidad de que se tome en cuenta el promedio de la cantidad entregada a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto del trabajador”.

Asimismo, la Segunda Sala reiteró que aunque la Constitución Federal no prevé un límite mínimo para el monto máximo de la PTU, pues se trata de una variable que puede ser modificada, la intención es siempre favorecer a los trabajadores sin afectar de manera retroactiva sus derechos.

Sin embargo, hay que recordar que la reforma al artículo 127 de la LFT objeto de análisis de la Corte, se incluyó como moneda de cambio para que se aprobara la enmienda reguladora de la figura de la subcontratación laboral,   de la que deriva la Guía para Cumplir con las Obligaciones en Materia de Reparto de Utilidades expedida por la STPS.

CONDOMINIO. RESPONSABILIAD CIVIL

En caso de que una persona sufra un accidente dentro de las áreas comunes de un condominio, ¿A quién se debería demandar: al condominio, al administrador o a los condóminos?

Esta misma interrogante recientemente se presentó en Guerrero, donde una persona falleció debido a una descarga eléctrica en la alberca del edificio. Después del fallecimiento de la víctima, sus familiares presentaron una demanda por responsabilidad civil objetiva, contra diversas personas físicas y contra el condominio; no obstante, la demanda fue rechazada argumentando que no se podía atribuir responsabilidad objetiva a la parte demandada (condominio), debido a su falta de personalidad jurídica. 

Ante esta situación, los demandantes optaron por promover un juicio de amparo directo, cuestionando la imposibilidad de responsabilizar al condominio por el accidente. En medio de este conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que da luz para resolver la problemática.

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LA ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO INSTAURADO EN CONTRA DE LOS CONDÓMINOS RESPECTO DE BIENES COMUNES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO), con registro digital: 2028380, la administración puede ser demandada en representación de los condóminos en casos relacionados con los bienes comunes.

Esta interpretación se basa en la idea de que, si bien los condóminos responden de los bienes comunes del condominio en función de su parte alícuota de la que son copropietarios y, en consecuencia, en principio tienen la legitimación pasiva en estos casos, la Ley de Propiedad en Condominio de Guerrero concede a la administración del condominio la facultad de pleitos y cobranzas para representar a condóminos en juicios relacionados con los bienes comunes.

La jurisprudencia comentada ofrece una solución al permitir demandar a los condóminos, a través de su administración si los condominios carecen de personalidad jurídica. 

Y es que, las personas físicas y morales tienen personalidad jurídica y, por tanto, la capacidad de adquirir bienes, contraer obligaciones y demandar o ser demandados; sin embargo, por regla general los condominios, al ser un régimen de propiedad y no personas jurídicas, no poseen esta facultad.

Si bien en algunos estados como Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa reconocen a los condominios como personas morales, la legislación en la mayoría del país no les otorga esta categoría. Esto implicaría que en dichas entidades sí sería posible demandar directamente al condominio por conflictos relacionados a sus bienes comunes.

La negativa de reconocerles personalidad jurídica a los condominios genera numerosos problemas a la hora de promover un juicio. Sería útil que los códigos civiles locales se homologuen para tratar a los condominios como personas morales.  

Otra opción sería que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares les otorgara a las entidades sin personalidad jurídica capacidad para ser parte en procesos civiles, para que así los condominios puedan participar directamente como actores o demandados, aunque no sean considerados personas morales.